El representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, del Distrito 22 que comprende los municipios de Utuado, Ciales, Lares, Jayuya y Adjuntas, presentó una medida legislativa con el objetivo de ofrecer mayor justicia y flexibilidad a los pequeños comerciantes del país.
El proyecto propone enmendar la Ley 454-2000, conocida como la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, para que las agencias gubernamentales emitan una advertencia formal ante la primera infracción cometida por un pequeño negocio, en lugar de imponer de inmediato una multa económica. El comerciante tendría un término de 30 días para corregir la deficiencia señalada.
“Nuestro objetivo es que el gobierno deje de ser un ente punitivo y se convierta en un facilitador del desarrollo económico”, expresó Colón Rodríguez. “Muchos pequeños comerciantes incurren en errores por desconocimiento o por la complejidad de la reglamentación. No es justo que por una primera falta se les imponga una multa que puede afectar gravemente su estabilidad o hasta provocar el cierre de su negocio”.
La medida también permitiría que las agencias modifiquen o condonen total o parcialmente las penalidades en casos de infracciones posteriores, siempre que el comerciante demuestre haber corregido la violación en un tiempo razonable. Según el legislador, en algunos casos se podría condonar hasta un 100% de la multa, si los fondos se utilizan para corregir la falta.
Colón Rodríguez explicó que esta propuesta busca fomentar una cultura de cumplimiento voluntario, sin castigos desproporcionados, y fortalecer el empresarismo local, especialmente entre los agricultores bona fide y los microempresarios con quince empleados o menos.
“Los pequeños negocios son el corazón de nuestras comunidades y los principales generadores de empleo”, puntualizó. “Esta ley refuerza nuestro compromiso de protegerlos, ayudarlos a crecer y hacer de Puerto Rico un país más justo para quienes producen y aportan al desarrollo económico”.
El representante enfatizó que la iniciativa equilibra la fiscalización con la empatía, promoviendo un ambiente de negocios más humano y solidario que reconozca la importancia de los pequeños comerciantes como motor esencial de la economía local.
